La financiación territorial española y la independencia fiscal catalana
Consecuencias desastrosas (y no tanto) del cupo catalán; EEUU contra los chicharros; los reyes del carbón
Ya hemos quedado en que una hipotética independencia catalana sería mala para las empresas catalanas, y algo menos mala para los consumidores catalanes. Pero, ¿al menos permitiría a un virtuoso y eficiente gobierno catalán (es decir, lo contrario a lo tradicional en la tierra de mi padre) bajar los impuestos al no tener que mantener a los vagos de los extremeños y andaluces?
No, concluye un estudio de Fedea sobre la financiación territorial española. OK, pero ¿y si solamente reciben un cupo vasco-navarro, como acaba de concertar el PSOE a cambio de lograr una investidura en la Generalitat y este cupo sobrevive los previsibles desafíos legales y constitucionales y acaba siendo aprobado?
Aquí entramos en terrenos movedizos. Para empezar hay que explicar lo que quiere decir el cupo: la aportación anual que realizan las comunidades forales del País Vasco y Navarra en concepto de gastos generales que asumen por las competencias no transferidas (Defensa y Casa Real), representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes (Congreso, Senado...) e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE). Este sistema fiscal privilegiado deriva del Concierto Económico Vasco y del Convenio Navarro. Álava y Navarra mantuvieron su privilegiado régimen fiscal desde siempre, aunque Franco abolió el régimen especial en las "provincias rebeldes" (Guipúzcoa y Vizcaya).
Lo que esto quiere decir es que Navarra y el País Vasco, dos de las regiones más ricas de España, están exentas de aportar fondos para intentar compensar a las más pobres. Con ello, la financiación autonómica de las regiones más pobres queda en manos de esencialmente dos regiones que están por encima de la media de renta (Cataluña y Madrid), junto con pequeñas contribuciones de alguna otra según le vaya. El resto, desde Galicia hasta Murcia pasando por Canarias y Castilla-León, recibe fondos compensatorios del estado, por así decirlo, de forma neta.
Este sistema autonómico, en marcha desde los años ochenta, fue luego ajustado en función de las necesidades electorales del PPPSOE: el Gobierno de Felipe González transfirió el 15% del IRPF recaudado locamente a todas las CCAA; el de Aznar lo amplió al 30%, para todas; el de Zapatero lo amplió al 50% para todas.
Todo esto está en la raíz del argumentario económico del separatismo catalán, y con cierta razón. Navarra y el País Vasco están de rositas; Madrid es en parte compensada por el efecto capital vía reinversión estatal en todas las instituciones del estado, sedes corporativas, etc, que han de estar en Madrid por narices; y Cataluña, pues a pagar.
El muy denostado José Luis Rodríguez Zapatero fue un pésimo presidente y es un cómplice del chavismo, pero tuvo algunas buenas ideas, incluyendo el envío de instituciones del estado a Cataluña como compensación y forma de rebajar un poco los ánimos. Esto no funcionó, y Mariano Rajoy de inmediato se llevó de vuelta a Madrid al regulador de la competencia en cuanto tomó el poder, lo que en mi opinión fue un craso error y una horrible señal de desprecio por parte del estado respecto de una queja razonable.
En cuanto empezó el procés en 2011, a poco de llegar Rajoy a la Moncloa, me tocó cubrirlo como corresponsal del Wall Street Journal, y vaya si me divertí en mi condición de medio-catalán que creció en Barcelona, escribiendo sobre todo tipo de paridas, desde el Pravda catalán que es la deleznable (y carísima) TV3 hasta los negocietes chungos del separatismo para vender cervezas y butifarras nacionalistas (las cervezas las vendían un club de moteros independentistas, que es algo que existe). Este proceso incluyó infinitas entrevistas con políticos, empresarios y funcionarios de la Generalitat, todos los cuales me transmitieron su preocupación por el sistema de financiación, en términos similares a los que he presentado. A mí este escenario me suena factible, pero permítanme que añada que hay expertos que piensan que no lo es.
Ahora que parece que viene el cupo catalán toca volver a la pregunta del principio, y evaluar los efectos que va a tener en todas las partes implicadas. Y, a pesar de todo, no soy optimista. Diego Sánchez de la Cruz, que tiene buena cabeza, aquí explica cómo el 'cupo catalán' recortaría un 11% la financiación de las CCAA u obligará a disparar un 30% el IRPF, para mantener los actuales niveles de financiación, citando estimaciones de los currantes economistas de Fedea:
El informe apunta que, a pesar de tratarse de un cálculo muy cuestionable, "la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema. Para buena parte de la militancia independentista, el déficit de máximos es lisa y llanamente lo que el malvado Estado español roba a los sufridos contribuyentes catalanes. En consecuencia, la única solución aceptable a ojos de este colectivo sería la de eliminar por completo ese supuesto desequilibrio".
Sin embargo, el autor del informe observa que las dinámicas observadas en las conversaciones de PSC/PSOE y ERC hacen más realista esperar que el acuerdo se cierre "con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30 y un 60 por ciento del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales. A largo plazo, tal aportación se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas y la gobernanza nacional dependa de su apoyo".
Los costes del cambio de sistema para el resto del país deberían afrontarse de distintas formas: "si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica y sin reducir su gasto, tendría que incrementar en un 30% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 11% en promedio".
Así, "a la espera de que se concreten los detalles del acuerdo ERC-PSC, una conjetura informada sobre sus efectos financieros a medio plazo apuntaría hacia un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25 y un 50 por ciento".
Siguiendo en la onda de meter el dedo en el ojo del PSC, Libre Mercado también ofrece seis razones que tumban la idea de Salvador Illa de premiar a Cataluña con un consorcio tributario, que se resumen en que todo lo que hace, dice y piensa Pedro Sánchez es ilegal o al menos inconstitucional y que, oye, si el señor que quedó segundo en las últimas elecciones generales quiere cambiar la constitución, adelante, pero que use el proceso legal y nos tome el pelo a todos de acuerdo a la normativa actual, que es lo que haría el patán que sí ganó las elecciones:
1- Las CCAA no tienen competencias sobre la hacienda estatal: el artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras materias, sobre la Hacienda general. En concordancia con lo anterior, el artículo 148 regula las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, no figurando entre ellas materias relacionadas con la Hacienda.
2- Los impuestos estatales no cedidos no figuran como recursos de las CCAA.
3- El Consorcio no tiene amparo constitucional: si se estableciera un consorcio entre la AEAT y la ATC se estaría burlando lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución, que establece que "las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios". La figura del consorcio para la gestión de los impuestos estatales no cedidos tampoco figura en la LOFCA.
4- No existe amparo legal estatal para que la AEAT gestione los impuestos mediante un consorcio: la Agencia tributaria tiene encomendada la aplicación de los tributos estatales, de acuerdo con lo establecido en su Ley de creación, no estando previsto en dicha norma que para dicha gestión se pueda unir en un consorcio con otra administración. Como se ha mencionado anteriormente, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé la creación del consorcio exclusivamente para la gestión de los tributos cedidos parcialmente, pero no para el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña, que incluiría impuestos gestión es competencia exclusiva del Estado.
5- Existen tributos cuya naturaleza no permiten su gestión por un Consorcio: las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados (ventanilla única). Según el contenido de la norma, es potestad del Estado delegar funciones, y establecer una colaboración, siendo un requisito imprescindible para ello que "así lo exija la naturaleza del tributo". Existen tributos, como el caso del IVA, en los que justamente su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. Es más,
6- No existen motivos, diferentes a los políticos, que justifiquen la creación de un Consorcio: el Consorcio es un contrato utilizado por dos o más empresas o instituciones, que se dedican a actividades similares o complementarias entre sí, que tiene como objeto lograr una organización común, que les permita potenciar las capacidades de sus consorciados, para llevar a cabo determinados proyectos que resultarían muy difíciles de alcanzar de manera aislada.
Si uno quisiera seguir metiéndose con Pedro Sánchez, Dios sabe que sería fácil. Pero una vez más hemos de meter en el saco a sus cómplices necesarios del PP: porque si vamos a explicar cómo el cupo-vasconavarro es un chiste para el resto de españoles, hay que aclarar que el PP lo defiende a capa y espada y acusó a Albert Rivera (¡a Albert Rivera!) de ser un peligroso fascista por criticarlo y pedir su reforma.
Entiendo que el mantenimiento de privilegios tardo-feudales sea una de las grandes obsesiones de la democracia española. Tiene todo el sentido. Aunque sean un agujero negro para la agencia tributaria en lo que concierne a la lucha contra el fraude fiscal:
Los inspectores denuncian que no disponen de información sobre las empresas y ciudadanos con residencia en los territorios forales, lo que complica los cruces de información, las comprobaciones y las inspecciones tributarias a contribuyentes nacionales que tienen parte de su actividad en el País Vasco o Navarra. “Cuando afrontamos los fraudes más sofisticados, como las tramas del IVA, las facturas falsas o los nichos de sociedades, la falta de información y la fragmentación perjudican la lucha de la Agencia Tributaria”, explicó el lunes José María Peláez, inspector de Hacienda y vocal de la asociación.
Y, es de esperar que ocurra lo mismo en el sentido inverso: para las agencias forales será mucho más complicado perseguir el fraude en contribuyentes que tengan actividad en el resto de España. Los inspectores reconocen que existen mecanismos de coordinación con la Agencia Tributaria y planes de acción conjunta para actividades concretas, pero advierten que “son remedios que no solucionan el problema principal". El problema de fondo está en que no disponen de información sobre esos contribuyentes, lo que impide cruzar información y detectar fuentes potenciales de fraude.
Del envejecimiento acelerado de la población vasco-navarra y cómo los demás españoles acabaremos pagando también sus pensiones ni hablamos, que es demasiado deprimente. El cupo del norte es intocable, y el catalán bien puede estar igualmente fortificado de aquí a un año, lo que no me extrañaría nada. Les dejo con un toque de optimismo: igual está bien que las regiones más pobres, con menos hucha central de la que arañar, se centren más en generar sus propios recursos incentivando el emprendimiento y la inversión y cerrando esos horribles chiringuitos para promover el flamenco y la Feria de Sevilla; veamos siempre el vaso medio lleno.
Y pongamos que hablo de Madrid, que seguirá ahí, con una recaudación fiscal muy boyante, en parte por tener uno de los mejores gobiernos de cualquier comunidad (Quim Torra cuenta como animal de compañía, compadres catalanes), y en parte por tener a mucha de la gente más adinerada de España, y también de las más joven (es la comunidad con edad media más baja):
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