Cuando empecé a trabajar como corresponsal para el Wall Street Journal, unos años antes de la crisis financiera de 2008, lo primero que me llamó la atención sobre la prensa estadounidense fue su atención al detalle y a la edición.
Durante tres años como corresponsal de la Agencia Efe en Pekín, mi experiencia había sido la contraria: uno enviaba una noticia de 600 palabras sobre un terremoto en Sichuan a las dos de la mañana hora de Madrid y el editor de salida la tenía publicada en dos-tres minutos máximo, y uno la veía en el teletipo y se imaginaba que acababa de volverse a la cafetería a tomar un whisky.
Mi primer artículo para el WSJ, sobre los planes de Prisa para expandirse en EEUU (qué tiempos), fue un parto de ediciones, ajustes y cambios hasta que se publicó. Visto eso, me admiró enterarme que la revista estadounidense más prominente, el New Yorker, tenía un departamento interno de lo que llamaba “fact checking”, que iba aún más allá revisaba toda la información relevante en cada artículo (de forma independiente del editor y del reportero) antes de permitir su publicación.
Un departamento similar del WSJ, años después, salvó mi carrera cuando la Generalitat catalana y el separatismo intentaron destruirla acusándome de haberme inventado las citas y detalles que proporcioné en un largo artículo sobre la instrumentación de TV3 para promover el ideario separatista. Los “fact checkers” del WSJ (que actúan a posteriori, en estos casos) me felicitaron tras una revisión completa que no llevó a ninguna corrección en el artículo.
Por todo esto, la aparición de los verificadores de noticias en España en la última década me llamó la atención. La verificación de noticias es, por su naturaleza, responsabilidad de los medios, o al menos debería serlo. En el momento en el que alguien externo se presenta como árbitro de lo que es verdad y lo que no lo es, lo normal es que salten las alarmas.
Como tantas otras cosas, la verificación externa empezó también en EEUU, primero con una página llamada Snopes que se centraba en clarificar la verdad sobre leyendas urbanas, y luego con páginas como PolitiFact que, desde su lanzamiento en 2007 a tiempo para jalear la candidatura presidencial de Barack Obama con solo moderado disimulo, se metieron en fregados políticos y tomaron posiciones partidistas que no deberían haber tomado.
PolitiFact fue luego notable por su entusiasmo, compartido por otras “agencias de verificación” estadounidenses en afirmar que la candidatura de Donald Trump fue apoyada por fondos rusos. Este llamado “Russiagate” dio lugar a numerosas investigaciones que, sin excepción, han proclamado que Russiagate fue un montaje político burdo y que no hay prueba de las acusaciones.
Quizás por eso, estos verificadores fueron muchos más moderados cuando el hijo del actual presidente, Hunter Biden, perdió un ordenador lleno de pruebas de corrupción involucrando a su padre. PolitiFact tardó un año en reconocer la existencia del ordenador, ampliamente reportada, y luego indicó que “nada que se haya encontrado dentro ha revelado comportamientos ilegales o inmorales”.
Ello, se supone, incluye los vídeos de Hunter tomando drogas con su sobrina adolescente en ropa interior, y los emails en los que explica cómo le pasa comisiones al “jefe”, fácilmente identificable como su padre.
En España, el negocio rápidamente se orientó de modo similar. Newtral, la más famosa agencia local de verificación, fue fundada en enero de 2018 por Ana Pastor, que ya presentaba desde 2013 el programa “El Objetivo” en la cadena La Sexta, con segmentos de funciones similares.
El éxito financiero de Newtral es innegable. Las últimas cuentas disponibles indican ingresos de 4,9 millones de euros en 2021, un 26% más que el año anterior, con fuertes inyecciones por sus programas emitidos en La Sexta, incluyendo “El Objetivo”. El beneficio anual fue modesto, pero no desdeñable, en casi 160.000 euros para su única accionista, Ana Pastor.
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